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"Aprender sin miedo". Este eslogan utilizado en una campaña educativa mundial, que supone un derecho elemental para cualquier escolar, sigue siendo una ambiciosa pretensión en República Dominicana, donde el 60% de los estudiantes de primaria se confiesa víctima de algún episodio de violencia, y donde en casi 70% de los hogares, los padres o tutores recurren al castigo físico o psicológico como método para disciplinar a los niños.
El primer dato se desprende del estudio "América Latina: Violencia entre estudiantes y desempeño escolar", elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en 2011, en el que República Dominicana quedó entre los cinco países de América Latina con mayor índice de violencia física entre pares. En primer lugar está Argentina con un 23.5%; Ecuador con 21.9%, República Dominicana con 21.8%; Costa Rica con un 21.2%; y Nicaragua 21.2%.
El estudio abarcó a los estudiantes de sexto grado de primaria de 16 países latinoamericanos que fueron consultados sobre casos de robo, insultos o golpes ocurridos durante el último mes previo a la entrevista.
El país también se destacó entre los seis con incidencia de robo por encima del 45%, y entre los cinco con mayor porcentaje de estudiantes que declararon conocer a alguien de sus clases que ha sufrido maltrato en la escuela, alcanzando el 70%.
"Los estudiantes que asisten a aulas con una mayor proporción de actos de robo o maltrato físico o verbal obtienen peores desempeños, tanto en lenguaje como en matemáticas, que aquellos que asisten a aulas donde existe una menor violencia", determinaron los investigadores de la CEPAL. En ese tenor, recomiendan que, aunque no resulta fácil para un maestro reconocer los códigos y prácticas de violencia entre los alumnos, se necesita la erradicación de este mal si se quiere lograr una educación de calidad.
Pero ¿cómo erradicar estas prácticas en un país donde la violencia es el elemento común en los métodos que se usa para disciplinar a los hijos, en la mayoría de los hogares dominicanos?
La Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (Enhogar) 2009-2010, indica que en el 67.4% de los hogares se recurre al castigo físico o psicológico para disciplinar a los niños.
La violencia de los adultos sobre los menores no se limita a los hogares, sino que se presenta en las comunidades, e incluso en las propias escuelas, donde a niños y niñas se les imponen castigos físicos y sicológicos como forma de "moldear" su "mal" comportamiento.
Alberto Padilla, encargado de Políticas Públicas del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), habla de la necesidad de "derrumbar" prácticas trujillistas en la disciplina escolar. "Eso de sacar a los niños al sol, hincarlos, el fantasma del "reglazo" o el "borrador volador", que todavía nos llegan casos", comenta.
El tema de la "disciplina" llama la atención de Padilla, pues asegura que la gran mayoría de niños, niñas y adolescentes en situación de calle con los que trabaja el Conani declaran que, aunque estuvieron en la escuela, dejaron de asistir porque, "me porto mal y me botaron".
"Se ataca una conducta o se estigmatiza una situación, como el caso del embarazo en adolescente, o la conducta de un muchacho que podría ser hiperactivo, pero que tal vez es un muchacho que tiene un comportamiento social fruto de una familia que puede tener cierto desorden y que (el niño o niña) lo manifiesta en la escuela. Y ¿cuál es la medicina más barata? Párese, está castigado, se va del aula o se va de la escuela, cuando hay que hacer todo lo contrario", comenta.
La Ley 136-03, que crea el Código del Menor, establece en su artículo 45 los derechos de los niños, niñas y adolescentes a una educación de calidad.
"Un niño o niña tiene como muro de contención para que no pase a riesgo personal y social, la familia, la comunidad y la escuela, y cuando ves un niño en la calle es porque han fallado estos tres actores", comenta Padilla.
El sociólogo y subdirector nacional del Centro de Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes en conflicto con la Ley, Ángel Pérez, prefiere no atribuir a la expulsión la incidencia de los niños en actos delincuenciales. Para él, es un asunto integral de la familia. "La educación ayuda, pero la escolaridad no es lo que determina que el joven delinque. El problema está en los valores y en la falta de control", sostiene.
Indica que de 462 jóvenes que están en el centro, apenas un caso corresponde a un joven expulsado de una escuela, porque lo encontraron con un cuchillo. Pero indica que la mayoría, más del 60%, son iletrados, y que es raro que alguno haya pasado el bachillerato.
Se prohíbe la expulsión
Tras más de un año de validación y consultas con diferentes sectores, el Consejo Nacional de Educación aprobó recientemente las "Normas del Sistema Educativo Dominicano para la Convivencia Armoniosa en los Centros Educativos Públicos y Privados".
En su artículo 23, dicha norma prohíbe "toda medida que denigre a las personas, que se aplique de forma improvisada, indiscriminada y/o desproporcionada y ponga en peligro el aprendizaje, o implique el uso de violencia".
Entre esas medidas especifica la agresión verbal, castigos corporales, castigos colectivos, sanciones económicas, retrasar o negar el acceso al plantel a los/las estudiantes. En el artículo siguiente indica: "La sanción de expulsión del/la estudiante o el acoso para su retiro del centro educativo durante el año escolar está prohibida en cualquier caso".
La norma establece un escalafón de faltas entre leves, graves y muy graves, y dispone una variedad de sanciones que se pueden aplicar al estudiante, en donde el aislamiento del aula solo se permite por períodos de no más de una hora en la dirección ante una falta grave, y por dos días, bajo ubicación de un lugar fuera del aula, para faltas muy graves. En ambos casos, bajo asignación de tareas.
Cuando la falta cometida constituya un delito, deberán ser informadas al Tribunal de Niñez y Adolescencia, como el caso que se registró recientemente en la escuela Juana Saltitopa, de Los Alcarrizos, donde unos escolares violaron a una enajenada mental, grabaron el incidente y lo divulgaron a través de los teléfonos inteligentes. Cuando los menores estén involucrados en pandilla, "la Dirección del Centro, junto a la Dirección del Distrito Educativo y la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela, se articularán con Conani y la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes, y otros organismos de protección, para coordinar acciones que generen aprendizajes orientados a nuevas formas de actuación de parte de los diferentes actores (estudiantes, la familia y la comunidad)", instituye la norma.
